miércoles, 29 de abril de 2009
Seis mil personas piden la dimisión de Font de Mora
La Conselleria de Educación cifra el seguimiento de la huelga en el 23,8% de docentes y los sindicatos en más del 50%. La organización
estima que un 80% de estudiantes no acudieron ayer a los centros
Más de 6.000 personas, según datos de los organizadores y de la Policía Local, salieron ayer a la calle convocadas por la Plataforma en Defensa de l'ensenyament públic para protestar contra la política educativa de la Generalitat valenciana y exigir la dimisión del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora. (...)(Llegir tota la notícia)
estima que un 80% de estudiantes no acudieron ayer a los centros
Más de 6.000 personas, según datos de los organizadores y de la Policía Local, salieron ayer a la calle convocadas por la Plataforma en Defensa de l'ensenyament públic para protestar contra la política educativa de la Generalitat valenciana y exigir la dimisión del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora. (...)(Llegir tota la notícia)
Publicat per: Levante,28/04/09
sábado, 25 de abril de 2009
Un tribunal anula un PAI de Vall d'Alba con una parcela del alcalde
El Ayuntamiento se saltó los plazos para evitar la nueva ley urbanística .
La intención de someter el programa a la antigua LRAU en lugar de tramitarlo con la actual Ley Urbanística Valenciana (LUV), algo más estricta, fue el motivo por el que el Ayuntamiento de Vall d'Alba aprobó, sin cumplir los preceptivos plazos, un PAI que ahora ha sido anulado por los tribunales. "Resulta evidente que el acuerdo plenario es contrario a derecho", señala el fallo del juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de Castellón, que es recurrible.
El programa anulado es el denominado Nuevo Sector Residencial. Ampliación del Instituto de Secundaria de Vall d'Alba. La decisión del tribunal no sólo implica que el Ayuntamiento habrá de realizar, de nuevo, todos los trámites para su aprobación, sino que la ampliación del instituto se paralizará hasta que el programa se legalice, pese a que el suelo ya había sido cedido a la Generalitat para el desarrollo de ese centro. Además, tal como expuso ayer Fernando Grande, portavoz del PSPV en Vall d'Alba, las arcas públicas habrán de costear, por segunda vez, el proyecto, coste al que habrá que sumar las indemnizaciones que reclamen los vecinos afectados por la expropiación que se llevó a cabo y entre los que se encuentran quienes recurrieron la decisión municipal. Además, Grande recordó que entre las parcelas que surgieron de este PAI, que recalificó suelo, se encuentra una de la que es titular el propio alcalde del municipio y vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Según el registro, Martínez comparte este suelo con un socio, Raúl Babiloni que, tal como añadió el edil socialista, fue quien también adquirió otra parcela que era de titularidad municipal y que salió a subasta pública.
El Ayuntamiento sometió a exposición pública el PAI en diciembre de 2005, dos meses antes de que entrara en vigor la LUV. Durante el mes de enero se recogieron alegaciones, se presentaron proposiciones jurídico-económicas y se presentaron las ofertas pero el Ayuntamiento no cumplió el último plazo que exigía que, a partir del 24 de enero, fecha en la que se abrieron las plicas, se abriera otro período de exposición pública de diez días. De haberlo cumplido, la propuesta no podría haberse aprobado antes del 2 de febrero, cuando ya había entrado en vigor la LUV. El Ayuntamiento aprobó el proyecto justo el día antes de que entrara en vigor la nueva ley. El fallo del tribunal refleja que la normativa señalaba que los procedimientos urbanísticos iniciados podrían acogerse a la LRAU siempre que hubiera concluido el trámite de información pública, cosa que no ocurrió. "El programa debió tramitarse nuevamente conforme a lo que establece la LUV", indica la sentencia.
El PAI se encuentra actualmente totalmente urbanizado después de que, en mayo de 2006 la junta de gobierno adjudicara a Lubasa los trabajos por un importe de cerca de 400.000 euros.
Publicat per: El País, 25/04/2009
El juzgado anula un PAI en Vall d´Alba por no cumplir con el periodo de exposición pública
El programa, que contempla la ampliación del instituto, se tendrá que volver a tramitar de acuerdo a la nueva ley urbanística. El pleno aprobó el plan un día antes de entrar en vigor la LUV
Nerea Soriano, Castelló
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Castelló ha anulado el Programa de Actuación Integrada (PAI) del sector número 10 de la Vall d'Alba, un PAI que contempla la ampliación del instituto de Secundaria y que ya está ejecutado. En la sentencia, fechada el 6 de abril de 2009, se argumenta que la tramitación no ha cumplido con el periodo de 10 días para presentar alegaciones, tal como se establece en el artículo 46.5 de la LRAU. Por ello, la administración de justicia señala que el PAI se tendrá que volver a tramitar, esta vez, de acuerdo a la Ley Urbanística Valenciana (LUV).La sentencia deja claro que la "vulneración" del procedimiento administrativo conlleva "eludir la aplicación de la LUV". Y es que, al parecer, el motivo por el que no se cumplió con la exposición pública fue "las prisas" que se tuvieron para aprobar el PAI "antes de que entrara en vigor la LUV" -una ley menos permisiva que la LRAU-, según explica el concejal del PSPV, Fernando Grande. Cronología de los hechosEl PAI fue aprobado y adjudicado en el pleno del 30 de enero de 2006. No obstante, a esta fecha, aún no se había finalizado el periodo de exposición pública, condición sine qua non para llevar el programa a pleno. Al día siguiente, el 31 de enero de 2006, entraba en vigor la LUV. La misma LUV estable en su disposición derogatoria que los procedimientos urbanísticos iniciados antes de su entrada en vigor se regirían con la anterior ley "siempre que hubiera concluido el trámite de exposición pública".La denuncia, contra la que cabe recurso de apelación, ha sido interpuesta por siete vecinos afectados quienes aseguran que, como el programa ya está ejecutado, pedirán indemnizaciones, que deberán pagar las arcas municipales. Por su parte, el concejal del PSPV señala que "nadie está en contra de que se amplíe el instituto, ni de que se haga un polígono industrial, ni de que se urbanicen nuevos sectores pero la justicia, una vez más, le recuerda al alcalde del PP, Francisco Martínez que Vall d'Alba no es su cortijo. No puede saltarse los plazos establecidos por la ley". Por último, Grande afirma que Martínez tiene una parcela en este PAI.
La intención de someter el programa a la antigua LRAU en lugar de tramitarlo con la actual Ley Urbanística Valenciana (LUV), algo más estricta, fue el motivo por el que el Ayuntamiento de Vall d'Alba aprobó, sin cumplir los preceptivos plazos, un PAI que ahora ha sido anulado por los tribunales. "Resulta evidente que el acuerdo plenario es contrario a derecho", señala el fallo del juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de Castellón, que es recurrible.
El programa anulado es el denominado Nuevo Sector Residencial. Ampliación del Instituto de Secundaria de Vall d'Alba. La decisión del tribunal no sólo implica que el Ayuntamiento habrá de realizar, de nuevo, todos los trámites para su aprobación, sino que la ampliación del instituto se paralizará hasta que el programa se legalice, pese a que el suelo ya había sido cedido a la Generalitat para el desarrollo de ese centro. Además, tal como expuso ayer Fernando Grande, portavoz del PSPV en Vall d'Alba, las arcas públicas habrán de costear, por segunda vez, el proyecto, coste al que habrá que sumar las indemnizaciones que reclamen los vecinos afectados por la expropiación que se llevó a cabo y entre los que se encuentran quienes recurrieron la decisión municipal. Además, Grande recordó que entre las parcelas que surgieron de este PAI, que recalificó suelo, se encuentra una de la que es titular el propio alcalde del municipio y vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Según el registro, Martínez comparte este suelo con un socio, Raúl Babiloni que, tal como añadió el edil socialista, fue quien también adquirió otra parcela que era de titularidad municipal y que salió a subasta pública.
El Ayuntamiento sometió a exposición pública el PAI en diciembre de 2005, dos meses antes de que entrara en vigor la LUV. Durante el mes de enero se recogieron alegaciones, se presentaron proposiciones jurídico-económicas y se presentaron las ofertas pero el Ayuntamiento no cumplió el último plazo que exigía que, a partir del 24 de enero, fecha en la que se abrieron las plicas, se abriera otro período de exposición pública de diez días. De haberlo cumplido, la propuesta no podría haberse aprobado antes del 2 de febrero, cuando ya había entrado en vigor la LUV. El Ayuntamiento aprobó el proyecto justo el día antes de que entrara en vigor la nueva ley. El fallo del tribunal refleja que la normativa señalaba que los procedimientos urbanísticos iniciados podrían acogerse a la LRAU siempre que hubiera concluido el trámite de información pública, cosa que no ocurrió. "El programa debió tramitarse nuevamente conforme a lo que establece la LUV", indica la sentencia.
El PAI se encuentra actualmente totalmente urbanizado después de que, en mayo de 2006 la junta de gobierno adjudicara a Lubasa los trabajos por un importe de cerca de 400.000 euros.
Publicat per: El País, 25/04/2009
El juzgado anula un PAI en Vall d´Alba por no cumplir con el periodo de exposición pública
El programa, que contempla la ampliación del instituto, se tendrá que volver a tramitar de acuerdo a la nueva ley urbanística. El pleno aprobó el plan un día antes de entrar en vigor la LUV
Nerea Soriano, Castelló
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Castelló ha anulado el Programa de Actuación Integrada (PAI) del sector número 10 de la Vall d'Alba, un PAI que contempla la ampliación del instituto de Secundaria y que ya está ejecutado. En la sentencia, fechada el 6 de abril de 2009, se argumenta que la tramitación no ha cumplido con el periodo de 10 días para presentar alegaciones, tal como se establece en el artículo 46.5 de la LRAU. Por ello, la administración de justicia señala que el PAI se tendrá que volver a tramitar, esta vez, de acuerdo a la Ley Urbanística Valenciana (LUV).La sentencia deja claro que la "vulneración" del procedimiento administrativo conlleva "eludir la aplicación de la LUV". Y es que, al parecer, el motivo por el que no se cumplió con la exposición pública fue "las prisas" que se tuvieron para aprobar el PAI "antes de que entrara en vigor la LUV" -una ley menos permisiva que la LRAU-, según explica el concejal del PSPV, Fernando Grande. Cronología de los hechosEl PAI fue aprobado y adjudicado en el pleno del 30 de enero de 2006. No obstante, a esta fecha, aún no se había finalizado el periodo de exposición pública, condición sine qua non para llevar el programa a pleno. Al día siguiente, el 31 de enero de 2006, entraba en vigor la LUV. La misma LUV estable en su disposición derogatoria que los procedimientos urbanísticos iniciados antes de su entrada en vigor se regirían con la anterior ley "siempre que hubiera concluido el trámite de exposición pública".La denuncia, contra la que cabe recurso de apelación, ha sido interpuesta por siete vecinos afectados quienes aseguran que, como el programa ya está ejecutado, pedirán indemnizaciones, que deberán pagar las arcas municipales. Por su parte, el concejal del PSPV señala que "nadie está en contra de que se amplíe el instituto, ni de que se haga un polígono industrial, ni de que se urbanicen nuevos sectores pero la justicia, una vez más, le recuerda al alcalde del PP, Francisco Martínez que Vall d'Alba no es su cortijo. No puede saltarse los plazos establecidos por la ley". Por último, Grande afirma que Martínez tiene una parcela en este PAI.
Publicat per: Levante, 25/04/09
El juzgado anula un PAI de Vall d´Alba
El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Castellón ha anulado el PAI número 10 de Vall d´Alba, ya ejecutado, y obliga a tramitar de nuevo todo el procedimiento. En el auto se argumenta que la anulación se hace porque se aceleraron los trámites para aprobar el proyecto según la LRAU, solo un día antes de que entrase en vigor la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV). El juzgado ha actuado por la denuncia de un grupo de vecinos, que acusaron al consistorio de "vulnerar el derecho de propiedad".
Publicat per: Mediterráneo,25/04/09
viernes, 24 de abril de 2009
La Justicia anula un PAI en Vall d'Alba porque aceleró los trámites para evitar la nueva LUV
Un juzgado de Castellón anula un PAI ya ejecutado por el alcalde de Vall d′Alba, Francisco Martínez, y obliga a tramitar de nuevo todo el procedimiento. Según la sentencia, Martínez, que tenía una parcela en la zona, aceleró los trámites para aprobar el PAI según la LRAU. De hecho, aprobó el planeamiento un día antes de que entrase en vigor la LUV; la nueva Ley Urbanística Valenciana.El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Castellón ha anulado el PAI número 10 de Vall d′Alba, que aprobó en 2006 el alcalde y vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, por ser contrario a derecho.El juzgado anula el PAI porque aceleró los trámites para aprobarlo en base a la anterior ley urbanística valenciana, cuando tenía que haber sido aprobado por la nueva LUV, según la sentencia. De hecho, el PAI fue aprobado de forma definitiva por el Consistorio un día antes de que entrase en vigor la nueva ley.La sentencia obliga al consistorio a iniciar de nuevo todo el procedimiento, pero el portavoz socialista en Vall d′Alba, Fernando Grande, dice que el PAI ya está ejecutado, por lo que habrá que indemnizar a los propietarios. Grande recuerda que el alcalde de Vall d′Alba tenía una parcela en este desarrollo urbanístico, junto a su socio Raul Babiloni.El juzgado ha actuado por la denuncia de un grupo de vecinos, que también acusaron al Consistorio de “vulnerar el derecho de propiedad” y de practicar una “desviación de poder”. No obstante, el juzgado no entra a valorar estas acusaciones porque ya anula el PAI por el primer motivo aducido.
Radio Castellón Cadena Ser, 24/04/09
Radio Castellón Cadena Ser, 24/04/09
jueves, 2 de abril de 2009
Otro pleno del Ayuntamiento de Vall d´Alba y otra patada en la entrepierna que le pegó a la democracia el Alcalde Francisco Martínez.
En un intento burdo y pueril de distraer la atención de los casos de “presunta” corrupción que salpican al PP valenciano, o de los más de 55.000 parados de la provincia de Castellón, en los ayuntamientos nos han vuelto a presentar una moción exigiendo el transvase del Ebro y el Plan Hidrológico Nacional. - Si quiere el PP podemos volver a nombrar ministros a Zaplana y Acebes, presidente a Aznar, y para darle una alegría a Fabra resucitamos a Franco -.
Cuando en Castellón no teníamos paro, se ponían todas las medallas que encontraban, diciendo que gracias a su magnifica gestión Castellón no tenia parados. Ahora que somos lideres nacionales en destrucción de empleo, la culpa es de Zapatero y el PP a pedir “agua para todos”. Yo les pido “trabajo para todos”.
Luego llegó la moción del PSOE pidiendo la dimisión de Fabra, por las imputaciones en el caso Naranjax, por la imputación de fraude fiscal, de cohecho, de estafa, de falsedad en documento público, por colocar gente a dedo, por llamar “hijo de puta” al portavoz del PSOE, por llamar payasos al público de un pleno, por decir que “se sacara la pirula y se meara en la sede de un partido político” etc,etc,etc.
Evidentemente el PP local votó que no, pero encima presentó una enmienda pidiendo la dimisión de Francesc Colomer por insultar y provocar a Fabra. Cinismo en estado puro.
Pero donde el Sr. Martínez se lució, y demostró su gran espíritu democrático fue en el apartado de ruegos y preguntas.
Primero negándose una vez más ha grabar en vídeo los plenos del Ayuntamiento, incluso cuando existen sentencias judiciales que anulan la decisión de otros alcaldes de no permitir la grabación del pleno a través de videocámara, por violar el derecho fundamental reconocido en el artículo 20.1 de la Constitución. Por el que se reconocen y protegen los derechos "a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". y mas cuando se esta ejerciendo un cargo publico, en un lugar publico.
¿Qué es lo que no quiere que se vea, su gran talante democrático?
Y segundo, no permitiendo que le realizásemos más preguntas que las que teníamos escritas, cuando la ley permite hacer preguntas oralmente sin necesidad de registrarlas. Con un “el pleno lo dirijo yo y no hay mas preguntas” levantó la sesión.
¿Cuánto le hubiera gustado a este hombre nacer 40 años antes?
En un intento burdo y pueril de distraer la atención de los casos de “presunta” corrupción que salpican al PP valenciano, o de los más de 55.000 parados de la provincia de Castellón, en los ayuntamientos nos han vuelto a presentar una moción exigiendo el transvase del Ebro y el Plan Hidrológico Nacional. - Si quiere el PP podemos volver a nombrar ministros a Zaplana y Acebes, presidente a Aznar, y para darle una alegría a Fabra resucitamos a Franco -.
Cuando en Castellón no teníamos paro, se ponían todas las medallas que encontraban, diciendo que gracias a su magnifica gestión Castellón no tenia parados. Ahora que somos lideres nacionales en destrucción de empleo, la culpa es de Zapatero y el PP a pedir “agua para todos”. Yo les pido “trabajo para todos”.
Luego llegó la moción del PSOE pidiendo la dimisión de Fabra, por las imputaciones en el caso Naranjax, por la imputación de fraude fiscal, de cohecho, de estafa, de falsedad en documento público, por colocar gente a dedo, por llamar “hijo de puta” al portavoz del PSOE, por llamar payasos al público de un pleno, por decir que “se sacara la pirula y se meara en la sede de un partido político” etc,etc,etc.
Evidentemente el PP local votó que no, pero encima presentó una enmienda pidiendo la dimisión de Francesc Colomer por insultar y provocar a Fabra. Cinismo en estado puro.
Pero donde el Sr. Martínez se lució, y demostró su gran espíritu democrático fue en el apartado de ruegos y preguntas.
Primero negándose una vez más ha grabar en vídeo los plenos del Ayuntamiento, incluso cuando existen sentencias judiciales que anulan la decisión de otros alcaldes de no permitir la grabación del pleno a través de videocámara, por violar el derecho fundamental reconocido en el artículo 20.1 de la Constitución. Por el que se reconocen y protegen los derechos "a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". y mas cuando se esta ejerciendo un cargo publico, en un lugar publico.
¿Qué es lo que no quiere que se vea, su gran talante democrático?
Y segundo, no permitiendo que le realizásemos más preguntas que las que teníamos escritas, cuando la ley permite hacer preguntas oralmente sin necesidad de registrarlas. Con un “el pleno lo dirijo yo y no hay mas preguntas” levantó la sesión.
¿Cuánto le hubiera gustado a este hombre nacer 40 años antes?
Vergüenza ¿y eso qué es?
En estos últimos meses hemos podido conocer a políticos, periodistas y tertulianos de televisión, que el día que repartían vergüenza ellos no estaban. Estos personajes tienen una cualidad innata; son capaces de decir una cosa y la contraria en la misma frase y quedarse tan a gusto.
Si el ex ministro Bermejo se va de cacería con treinta personas, entre ellos el Juez Garzón, se pone en marcha toda la maquinaria mediática del PP, para pedir, para exigir su dimisión. No hay programa de televisión, de radio, periódico o conversación de lumbreras en un bar, que no pida la dimisión del ministro.
Pero cuando el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, viene corriendo desde Madrid para entrevistarse con su amigo Camps, el día después de conocer su imputación por el Juez Garzón...
No pasa nada.
El consejero de interior de la comunidad de Madrid, Francisco Granados, se reúne durante tres horas en un restaurante, con el Juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene que juzgar a los aforados del PP madrileño (por el caso Correa) según ellos “para hablar de trabajo”, y no pasa nada.
Si Camps dice en el acto de toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León: “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el President de la Generalitat”. Y De la Rúa es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que tiene que decidir si juzga o no a Camps. No pasa nada
Si el ex ministro Bermejo se va de cacería con treinta personas, entre ellos el Juez Garzón, se pone en marcha toda la maquinaria mediática del PP, para pedir, para exigir su dimisión. No hay programa de televisión, de radio, periódico o conversación de lumbreras en un bar, que no pida la dimisión del ministro.
Pero cuando el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, viene corriendo desde Madrid para entrevistarse con su amigo Camps, el día después de conocer su imputación por el Juez Garzón...
No pasa nada.
El consejero de interior de la comunidad de Madrid, Francisco Granados, se reúne durante tres horas en un restaurante, con el Juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene que juzgar a los aforados del PP madrileño (por el caso Correa) según ellos “para hablar de trabajo”, y no pasa nada.
Si Camps dice en el acto de toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León: “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el President de la Generalitat”. Y De la Rúa es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que tiene que decidir si juzga o no a Camps. No pasa nada
Si en el PP esta bajo sospecha por corrupción hasta el que barre en la sede de la calle Génova. No pasa nada.
No preocuparos que el ejército de lacayos del PP se encargara de que no se hable mucho tiempo de estos temas, y en Canal 9 no se hablara ni un minuto, así el pueblo valenciano seguirá idolatrando a sus grandes dirigentes populares, y odiando al demonio socialista, culpable de todos nuestros males.
Fernado Grande Lopez
Portavoz del PSPV-PSOE
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