El INE reclama a la Salzadella y Vall d'Alba nuevos datos sobre las altas en el censo

EU pide a la Junta Electoral que indague las inscripciones de enero en Cabanes

Las irregularidades y déficit de información mantienen abiertas las sombras de sospecha sobre el intento de inflar el censo electoral en varios municipios del PP. Fruto de ello son las investigaciones que ha abierto la fiscalía de Castelló en Cabanes y la denuncia en los juzgados de Nules por el intento de inscripción por dos ediles del PP de 33 personas en Argelita. Y ayer mismo, la Oficina Provincial del Censo requirió a los alcaldes populares de la Vall d'Alba y la Salzadella, Francisco Martínez y Víctor Gallego, nueva documentación sobre los empadronamientos realizados en los últimos meses de 2006. La medida se produce tras examinar la información remitida por los municipios hace dos semanas. Además, en el caso de la Salzadella, el Bloc ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castelló por un intento de engordar el censo con la intención de influir en el resultado electoral y en la designación del diputado provincial de sus circunscripciones. El INE ha optado por reclamar nuevos datos que autentifiquen las altas al censo electoral producidas en los meses previos al cierre del padrón a finales de enero pasado.En el caso de que la nueva información remitida no despeje las dudas se podría realizar una inspección en el municipio para comprobar que los nuevos vecinos residen en las respectivas localidades. El procedimiento a seguir es idéntico al llevado a cabo en Cabanes, donde se comprobaron irregularidades en las altas aprobadas por el ayuntamiento del popular Artemio Siurana, diputado provincial. Tras la constatación de esas anomalías la delegación del INE se lo comunicó a la Fiscalía de la Audiencia. Ayer, el edil de EU de Cabanes, Carles Mulet, pidió al presidente de la Junta Electoral Central (JEC), José María Ruiz-Jarabo, que reclamase al alcalde de Cabanes la documentación de los empadronamientos efectuados en su término en enero de 2007. Éstos, apunta, se hicieron en casas deshabitadas, en ruina o en naves industriales. Añade que el alcalde en su respuesta a la JEC sólo facilita datos de noviembre y diciembre de 2006 y no dice si los «servicios municipales han comprobado que residen en los domicilios que aportan». Asimismo el alcalde confirma a la JEC que los datos facilitados eran correctos, pese a las anómalas detectadas por el INE de Castelló.

Publicat en: Levante 05/04/07