Una sentencia desautoriza a Martínez a vetar el acceso al pleno de los fotógrafos

El veto del número dos de Carlos Fabra y alcalde de Vall d´Alba, Francisco Martínez, al acceso de los fotógrafos a los plenos del ayuntamiento que gobierna es un sinsentido y atentaría contra el derecho a la información de los ciudadanos, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a la que ha tenido acceso Levante de Castelló. La sentencia Número 42 de 27 de enero de 2009 da la razón a un ciudadano que pretendía grabar los plenos del Ayuntamiento de Manises y al que prohibieron su entrada. El juez, que avala sus argumentos en una decena de sentencia similares del Tribunal Constitucional asegura que «la limitación de acceso a las cámaras implica una suerte de censura previa de la obtención de la información, privando de esta manera, no solo al medio de comunicación demandante de su derecho fundamental, sino obstando también al derecho de información de los vecinos».

Además, según reza la misma sentencia basada en la doctrina del TC, «la limitación del acceso a la información de las actuaciones administrativas tiene serias limitaciones -tanto a nivel Constitucional como legal- sobre la base, fundamentalmente, de los derechos individuales de los ciudadanos afectados por el expediente administrativo y por la legislación sobre secretos oficiales, sin embargo, las sesiones plenarias de los ayuntamientos son públicas y no hay restricción alguna al derecho de la ciudadanía a su directo e inmediato». Según el juez, «la función de policía del pleno no quiere decir que pueda prohibirse cualquier grabación, sino sólo aquellas que manifiestamente impliquen una alteración del orden, que impida desarrollo de la sesión, y sólo en el momento en que, a resultas de dicha grabación devenga imposible la continuación de la misma», situación que no se ha producido en Vall d´Alba ya que los fotógrafos han acudido a realizar su trabajo y sin alterar el orden.

Los magistrados, tanto del TSJ como del TC, son muy duros ante estas actuaciones de los alcaldes y recuerdan que «los poderes públicos en democracia se caracterizan por su coherencia, y su transparencia; lo primero implica racionalidad; y lo segundo, que sus decisiones no sólo pueden, sino que deben ser conocidas por todos los ciudadanos»

PUBLICAT PER: Levante,18/01/2010