martes, 27 de marzo de 2007

El INE instruye a sus delegados para investigar los posibles «engordes» del censo electoral

En Castelló hay seis denuncias de presuntas altas irregulares .

La Dirección General del Instituto Nacional de Estadística (INE) ultima un protocolo de actuación al que se deben atener las direcciones provinciales a la hora de revisar y comprobar las denuncias por supuestos «engordes» del censo electoral. La medida afectará a la deligación de Castelló que tiene sobre la mesa las denuncias por anomalías en los padrones municipales de Fanzara, la Salzadella, Montanejos, la Pobla de Benifassà, Cabanes y la Vall d´'Alba.


La dirección castellonense tiene que determinar si son ciertas las denuncias de posibles operaciones para alterar el censo electoral presentadas por concejales del PSPV y EU. Por ello está a la espera de disponer de las instrucciones emitidas desde Madrid, tal y como recogía ayer la Ser.
El Ayuntamiento de la Vall d'Alba ha sido el último en remitir las certificaciones del censo electoral solicitadas hace tres semanas por la Oficina Provincial del Censo dependiente de la delegación de Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos y los del resto de municipios sobre los que pese alguna denuncia serán contrastados por los técnicos del INE con el fin de comprobar si ha habido alguna irregularidad en las nuevas altas.

Censos al alza

El instituto había detectado a principios de mes un posible aumento del padrón municipal y del censo electoral en la Vall d'Alba, que en el último trimestre de 2006 ha visto incrementado su número de electores en 125. En Fanzara, otro de los municipios afectados, las altas del censo en el último trimestre de 2006 fue de 133, en tanto que en el de Cabanes fueron 39 las denunciadas por EU, cuyo concejal Carles Mulet apuntó que algunos de los nuevos vecinos fijaban sus residencias en casas abandonadas o en naves.
Los responsables del instituto en Castelló valorarán los datos obtenidos y si encontrasen en ellos alguna irregularidad la deberán remitir a la Dirección General del instituto que podría derivarlo a la Junta Electoral Central, que tiene capacidad de decidir e, incluso, de anular las elecciones si hay anomalías.
Publicado en: Levante, 23/03/07