El alcalde de Vall d´Alba, Francisco Martínez, culpa al Gobierno de la situación de abandono de las viviendas tuteladas del municipio que construyó y mantiene cerradas la Generalitat desde hace 4 años. Martínez dice que la crisis económica ha provocado que las familias no puedan llevar a sus mayores a estos centros. El primer edil dice que se abrirá en breve para uso municipal.
La diputada socialista por Castellón, María José Salvador, aseguró ayer que la vicesecretaria autonómica de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, María Ángeles Ureña, responsabilizó al ayuntamiento de Vall d´Alba del deterioro del centro de viviendas tuteladas de Vall d´Alba. Un centro que construido e inaugurado por la Generalitat lleva cerrado 4 años en el municipio.
A preguntas de Radio Castellón, el alcalde de Vall d´Alba, Francisco Martínez, ha culpado al gobierno de la situación. Dice que el ayuntamiento está estudiando varias alternativas para abrirlo al público
CADENA SER, 29/10/2010
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domingo, 31 de octubre de 2010
lunes, 19 de julio de 2010
La fiscalía investiga al número dos de Fabra en la Diputación de Castellón por supuesto fraude en el censo electoral
Los tres principales dirigentes del PP en la Diputación, investigados por la justicia .
El fiscal jefe en Castellón, Javier Carceller, ha emitido un decreto al que ha tenido acceso la Cadena SER, en el que ordena la apertura de diligencias de investigación penal después de detectar "la presunta comisión de conductas irregulares en la formación del censo municipal" del municipio de Vall d'Alba, en la provincia de Castellón, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2007. La localidad de Vall d'Alba está dirigida por el presidente en funciones de la Diputación, Francisco Martínez, del Partido Popular, que está sustituyendo a Carlos Fabra en el cargo desde que éste se encuentra convaleciente de un transplante de hígado.
Con la investigación abierta a Martínez, la actuación de los tres principales dirigentes del PP en la Diputación de Castellón está bajo sospecha. La acusación popular pide 20 años y tres meses de cárcel para el presidente, Carlos Fabra, por los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude fiscal, y el fiscal también reclama siete años de prisión para el vicepresidente segundo y portavoz del PP en la Diputación, Vicent Aparici, por supuestos vertidos tóxicos en un basurero ilegal. Tanto Fabra como Aparici están cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.
La investigación del fiscal por la gestión de Martínez en Vall d'Alba surge a raíz de la denuncia realizada por el portavoz del PSPV en la localidad, Fernando Grande y el secretario de organización provincial, Francisco Valverde. Ambos presentaron el pasado mes de mayo un escrito a la fiscalía, en el que denunciaron el supuesto empadronamiento masivo en este municipio.
Los socialistas acusan a Martínez de un delito electoral porque según dicen, empadronó a casi 200 personas meses antes de las elecciones municipales de 2007, para garantizarse la victoria por mayoría absoluta.
Un juzgado de Castellón decidirá ahora sobre este caso
No es el primer caso de supuesto fraude en el censo electoral que investiga la justicia en la provincia de Castellón. Un juzgado analiza el supuesto fraude en el censo de Cabanes a instancias de la formación política Iniciativa, que acusó al alcalde del PP, Artemi Siurana, a familiares suyos y cargos del PP local de empadronamientos fraudulentos en sus propios domicilios y en viviendas inexistentes, para ganar las elecciones de 2007.
CADENA SER, 19/07/2010
El fiscal jefe en Castellón, Javier Carceller, ha emitido un decreto al que ha tenido acceso la Cadena SER, en el que ordena la apertura de diligencias de investigación penal después de detectar "la presunta comisión de conductas irregulares en la formación del censo municipal" del municipio de Vall d'Alba, en la provincia de Castellón, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2007. La localidad de Vall d'Alba está dirigida por el presidente en funciones de la Diputación, Francisco Martínez, del Partido Popular, que está sustituyendo a Carlos Fabra en el cargo desde que éste se encuentra convaleciente de un transplante de hígado.
Con la investigación abierta a Martínez, la actuación de los tres principales dirigentes del PP en la Diputación de Castellón está bajo sospecha. La acusación popular pide 20 años y tres meses de cárcel para el presidente, Carlos Fabra, por los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude fiscal, y el fiscal también reclama siete años de prisión para el vicepresidente segundo y portavoz del PP en la Diputación, Vicent Aparici, por supuestos vertidos tóxicos en un basurero ilegal. Tanto Fabra como Aparici están cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.
La investigación del fiscal por la gestión de Martínez en Vall d'Alba surge a raíz de la denuncia realizada por el portavoz del PSPV en la localidad, Fernando Grande y el secretario de organización provincial, Francisco Valverde. Ambos presentaron el pasado mes de mayo un escrito a la fiscalía, en el que denunciaron el supuesto empadronamiento masivo en este municipio.
Los socialistas acusan a Martínez de un delito electoral porque según dicen, empadronó a casi 200 personas meses antes de las elecciones municipales de 2007, para garantizarse la victoria por mayoría absoluta.
Un juzgado de Castellón decidirá ahora sobre este caso
No es el primer caso de supuesto fraude en el censo electoral que investiga la justicia en la provincia de Castellón. Un juzgado analiza el supuesto fraude en el censo de Cabanes a instancias de la formación política Iniciativa, que acusó al alcalde del PP, Artemi Siurana, a familiares suyos y cargos del PP local de empadronamientos fraudulentos en sus propios domicilios y en viviendas inexistentes, para ganar las elecciones de 2007.
CADENA SER, 19/07/2010
lunes, 18 de enero de 2010
Caso del censo en Cabanes: Una testigo reconoce que fue empadronada de forma ilegal en el municipio
En el juicio por el supuesto inflado del censo en Cabanes, una testigo ha reconocido esta mañana ante el juez que fue empadronada de forma irregular en la localidad, según fuentes del caso. La justicia ha imputado al alcalde del PP, Artemi Siurana, a varios concejales y funcionarios, por un supuesto delito electoral.El juzgado de instrucción número 3 de Castellón tenía previsto tomar hoy declaración a siete vecinos de La Vall d′Uixó que supuestamente, fueron empadronados de forma irregular en Cabanes, poco antes de las pasadas elecciones municipales. El juzgado sólo ha podido localizar a uno de los testigos, una vecina de la Vall, que ha declarado durante 45 minutos. Según fuentes del caso, la testigo ha reconocido que fue empadronada de forma irregular en Cabanes, y en contra de su voluntad.Las declaraciones se retomarán el día 20 de enero, con la comparecencia de un funcionario, y continuarán el 25, con la declaración del alcalde, Artemi Siurana, y el resto de imputados.
Cadena Ser,17/01/2010
Cadena Ser,17/01/2010
jueves, 31 de diciembre de 2009
martes, 24 de noviembre de 2009
Fabra desautoriza a Martínez y le quita los letrados de Diputación en el conflicto con el PSOE de Vall d´Alba
Carlos Fabra, desautoriza al vicepresidente Francisco Martínez al retirarle los servicios jurídicos de la Diputación con los que quería impedir que los plenos de Vall d′Alba sean grabados. Martínez firmó el 9 de septiembre pasado un decreto como presidente accidental para permitir la asistencia letrada, y Fabra revoca ahora la decisión visto el informe "de la secretaría general" de la Diputación.El alcalde de Vall d′Alba y vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Martínez, firmó el pasado mes de septiembre un decreto, como presidente accidental de la Diputación, para utilizar los abogados de la institución provincial en el contencioso que el PSOE de Vall d′Alba presentó contra el primer edil porque no permite grabar los plenos de la localidad.Hoy, en el pleno de la Diputación, Carlos Fabra ha revocado la orden de Martínez a instancias del secretario general, quien ha recordado que estos letrados no pueden utilizarse en un conflicto entre dos grupos políticos del mismo consistorio. Este era el momento en el que Fabra rechazaba la propuesta de Francisco Martínez.
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