viernes, 23 de julio de 2010
jueves, 22 de julio de 2010
Manifest per la regeneració democràtica a Castelló
El portaveu socialista a la Diputació i secretari general del PSPV a la província de Castelló, Francesc Colomer, ha llegit a la plaça de Les Aules de la capital de la Plana, un manifest per a la regeneració ètica de la província.Els socialistes fan aquesta petició després que es conega que el Fiscal Anticorrupció ha demanat 15 anys de pressó per al president provincial del Partit Popular, Carlos Fabra pels delictes més greus que pot cometre un representant públic.
martes, 20 de julio de 2010
EL PAÍS: "La fiscalía vuelve a investigar el fraude del censo en Vall d'Alba"
El padrón municipal aumentó en 200 personas antes de las elecciones de 2007 .
El fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, ha reabierto la investigación por la presunta manipulación del censo electoral de Vall d'Alba tras la denuncia presentada por el PSPV el pasado mes de mayo. En su decreto, el fiscal apunta a la "presunta comisión de conductas irregulares en la formación del censo padronal municipal" y acuerda la práctica de nuevas diligencias de investigación para tratar de averiguar si se cometió fraude electoral y quién lo ejecutó.
Esta decisión es consecuencia de la denuncia presentada ante la fiscalía, hace poco más de dos meses, por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Vall d'Alba, Fernando Grande, después de la presentada ante un juzgado poco antes de las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2007. El ayuntamiento, que preside el también presidente en funciones de la Diputación, Francisco Martínez, certificó entonces los empadronamientos aunque en opinión de Grande, éstos tienen "la misma credibilidad que la declaración de la renta de Carlos Fabra", en referencia al presidente de la Diputación, imputado por cinco presuntos delitos fiscales.
Antes de los comicios, los socialistas detectaron un incremento del censo electoral, lo notificaron al Instituto Nacional de Estadística (INE) y lo denunciaron ante un juzgado. La denuncia presentada ante la fiscalía en mayo de este año aportaba más datos y documentación. En 2007, el censo de habitantes de la localidad aumentó en 200 personas, cuando el crecimiento habitual oscilaba entre 45 y 50 personas al año. Ante la solicitud formulada por el INE al Ayuntamiento para que justificase el incremento, el consistorio dio de baja a seis personas y certificó el empadronamiento del resto.
Posteriormente, en 2009, los socialistas presentaron otra denuncia en el INE, en la que adjuntaban 183 nombres. Tras ésta, el Ayuntamiento de Vall d'Alba dio de baja a 23. Y, un año después, tras otra denuncia ante el INE, con los mismos nombres que el ayuntamiento había certificado en dos ocasiones como correctos, el Consistorio dio de baja a otros 18.
Así, según explicó el portavoz socialista en el municipio, Grande, "Martínez puede seguir con su estrategia de engañar a sus vecinos con argumentos falsos y ridículos, como que en casa de sus concejales no viven 8 o 9 personas sin parentesco entre ellos, en el Ayuntamiento no viven el secretario y su mujer".
En su denuncia, los socialistas apuntan que el objetivo de los empadronamientos era alterar el resultado electoral y adjuntan una serie de fotografías de viviendas en las que "están o estuvieron empadronadas algunas de las 189 personas" con las que se incrementó el censo de una población que ronda los 2.000 votantes. También han presentado un listado de nombres y direcciones en los que los "vecinos", que probablemente sean llamados a declarar, dijeron vivir para justificar su solicitud de alta en el padrón de Vall d'Alba.
PUBLICAT PER: EL PAÍS,20/07/2010
El fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, ha reabierto la investigación por la presunta manipulación del censo electoral de Vall d'Alba tras la denuncia presentada por el PSPV el pasado mes de mayo. En su decreto, el fiscal apunta a la "presunta comisión de conductas irregulares en la formación del censo padronal municipal" y acuerda la práctica de nuevas diligencias de investigación para tratar de averiguar si se cometió fraude electoral y quién lo ejecutó.
Esta decisión es consecuencia de la denuncia presentada ante la fiscalía, hace poco más de dos meses, por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Vall d'Alba, Fernando Grande, después de la presentada ante un juzgado poco antes de las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2007. El ayuntamiento, que preside el también presidente en funciones de la Diputación, Francisco Martínez, certificó entonces los empadronamientos aunque en opinión de Grande, éstos tienen "la misma credibilidad que la declaración de la renta de Carlos Fabra", en referencia al presidente de la Diputación, imputado por cinco presuntos delitos fiscales.
Antes de los comicios, los socialistas detectaron un incremento del censo electoral, lo notificaron al Instituto Nacional de Estadística (INE) y lo denunciaron ante un juzgado. La denuncia presentada ante la fiscalía en mayo de este año aportaba más datos y documentación. En 2007, el censo de habitantes de la localidad aumentó en 200 personas, cuando el crecimiento habitual oscilaba entre 45 y 50 personas al año. Ante la solicitud formulada por el INE al Ayuntamiento para que justificase el incremento, el consistorio dio de baja a seis personas y certificó el empadronamiento del resto.
Posteriormente, en 2009, los socialistas presentaron otra denuncia en el INE, en la que adjuntaban 183 nombres. Tras ésta, el Ayuntamiento de Vall d'Alba dio de baja a 23. Y, un año después, tras otra denuncia ante el INE, con los mismos nombres que el ayuntamiento había certificado en dos ocasiones como correctos, el Consistorio dio de baja a otros 18.
Así, según explicó el portavoz socialista en el municipio, Grande, "Martínez puede seguir con su estrategia de engañar a sus vecinos con argumentos falsos y ridículos, como que en casa de sus concejales no viven 8 o 9 personas sin parentesco entre ellos, en el Ayuntamiento no viven el secretario y su mujer".
En su denuncia, los socialistas apuntan que el objetivo de los empadronamientos era alterar el resultado electoral y adjuntan una serie de fotografías de viviendas en las que "están o estuvieron empadronadas algunas de las 189 personas" con las que se incrementó el censo de una población que ronda los 2.000 votantes. También han presentado un listado de nombres y direcciones en los que los "vecinos", que probablemente sean llamados a declarar, dijeron vivir para justificar su solicitud de alta en el padrón de Vall d'Alba.
PUBLICAT PER: EL PAÍS,20/07/2010
lunes, 19 de julio de 2010
La fiscalía investiga al número dos de Fabra en la Diputación de Castellón por supuesto fraude en el censo electoral
Los tres principales dirigentes del PP en la Diputación, investigados por la justicia .
El fiscal jefe en Castellón, Javier Carceller, ha emitido un decreto al que ha tenido acceso la Cadena SER, en el que ordena la apertura de diligencias de investigación penal después de detectar "la presunta comisión de conductas irregulares en la formación del censo municipal" del municipio de Vall d'Alba, en la provincia de Castellón, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2007. La localidad de Vall d'Alba está dirigida por el presidente en funciones de la Diputación, Francisco Martínez, del Partido Popular, que está sustituyendo a Carlos Fabra en el cargo desde que éste se encuentra convaleciente de un transplante de hígado.
Con la investigación abierta a Martínez, la actuación de los tres principales dirigentes del PP en la Diputación de Castellón está bajo sospecha. La acusación popular pide 20 años y tres meses de cárcel para el presidente, Carlos Fabra, por los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude fiscal, y el fiscal también reclama siete años de prisión para el vicepresidente segundo y portavoz del PP en la Diputación, Vicent Aparici, por supuestos vertidos tóxicos en un basurero ilegal. Tanto Fabra como Aparici están cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.
La investigación del fiscal por la gestión de Martínez en Vall d'Alba surge a raíz de la denuncia realizada por el portavoz del PSPV en la localidad, Fernando Grande y el secretario de organización provincial, Francisco Valverde. Ambos presentaron el pasado mes de mayo un escrito a la fiscalía, en el que denunciaron el supuesto empadronamiento masivo en este municipio.
Los socialistas acusan a Martínez de un delito electoral porque según dicen, empadronó a casi 200 personas meses antes de las elecciones municipales de 2007, para garantizarse la victoria por mayoría absoluta.
Un juzgado de Castellón decidirá ahora sobre este caso
No es el primer caso de supuesto fraude en el censo electoral que investiga la justicia en la provincia de Castellón. Un juzgado analiza el supuesto fraude en el censo de Cabanes a instancias de la formación política Iniciativa, que acusó al alcalde del PP, Artemi Siurana, a familiares suyos y cargos del PP local de empadronamientos fraudulentos en sus propios domicilios y en viviendas inexistentes, para ganar las elecciones de 2007.
CADENA SER, 19/07/2010
El fiscal jefe en Castellón, Javier Carceller, ha emitido un decreto al que ha tenido acceso la Cadena SER, en el que ordena la apertura de diligencias de investigación penal después de detectar "la presunta comisión de conductas irregulares en la formación del censo municipal" del municipio de Vall d'Alba, en la provincia de Castellón, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2007. La localidad de Vall d'Alba está dirigida por el presidente en funciones de la Diputación, Francisco Martínez, del Partido Popular, que está sustituyendo a Carlos Fabra en el cargo desde que éste se encuentra convaleciente de un transplante de hígado.
Con la investigación abierta a Martínez, la actuación de los tres principales dirigentes del PP en la Diputación de Castellón está bajo sospecha. La acusación popular pide 20 años y tres meses de cárcel para el presidente, Carlos Fabra, por los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude fiscal, y el fiscal también reclama siete años de prisión para el vicepresidente segundo y portavoz del PP en la Diputación, Vicent Aparici, por supuestos vertidos tóxicos en un basurero ilegal. Tanto Fabra como Aparici están cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.
La investigación del fiscal por la gestión de Martínez en Vall d'Alba surge a raíz de la denuncia realizada por el portavoz del PSPV en la localidad, Fernando Grande y el secretario de organización provincial, Francisco Valverde. Ambos presentaron el pasado mes de mayo un escrito a la fiscalía, en el que denunciaron el supuesto empadronamiento masivo en este municipio.
Los socialistas acusan a Martínez de un delito electoral porque según dicen, empadronó a casi 200 personas meses antes de las elecciones municipales de 2007, para garantizarse la victoria por mayoría absoluta.
Un juzgado de Castellón decidirá ahora sobre este caso
No es el primer caso de supuesto fraude en el censo electoral que investiga la justicia en la provincia de Castellón. Un juzgado analiza el supuesto fraude en el censo de Cabanes a instancias de la formación política Iniciativa, que acusó al alcalde del PP, Artemi Siurana, a familiares suyos y cargos del PP local de empadronamientos fraudulentos en sus propios domicilios y en viviendas inexistentes, para ganar las elecciones de 2007.
CADENA SER, 19/07/2010
domingo, 4 de julio de 2010
Mentiras y más mentiras.
El Ayuntamiento de Torreblanca demostró en el último pleno su clara intención de fomentar y crear empleo local, al valorar en un 40% en los pliegos de condiciones de adjudicaciones de obras públicas, aquellos puntos que aseguran la contratación de personal, maquinaria y empresas locales. Esto se aplicará en la obra de adecuación y mejora del camino del Bordar.
Esta noticia aparecía en el periódico mediterráneo del miércoles 30 de junio.
Esto es exactamente lo que le pedimos al Alcalde de Vall d' Alba para fomentar el empleo aquí en nuestro pueblo, que se valore con un porcentaje más alto a las empresas locales o las que contraten a vecinos de Vall d' Alba.
Y su respuesta es que esto no se puede hacer, que es ilegal.
No señor Martínez, ilegal es empadronar gente que no vive en Vall d' Alba para que le vote.
No señor Martínez, ilegales son las expropiaciones a 3 euros que usted hizo en el polígono.
No señor Martínez, ilegal es su gestión, que acumula procesos judiciales que nos cuestan un dineral a los que pagamos impuestos en Vall d' Alba.
No señor Martínez, inmoral es dar obras por 1000 millones de pesetas a empresas de fuera y solo 6 millones a las empresas de nuestros vecinos.
De una cosa podeis estar seguros, nosotros si puntuaremos con un porcentage más alto a las empresas de nuestro pueblo, este es nuestro compromiso escrito con todos vosotros.
Vall d' Alba necesita un cambio ya, este Equipo de Gobierno huele a podrido, está en vuestras manos.
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